Recientemente los presidentes de América Central se reunieron en Tegucigalpa, Honduras para idear una política común contra las incontrolables bandas callejeras de la región. El presidente hondureño Ricardo Maduro, electo tras una campaña basada en la "cero tolerancia", resumió la opinión colectiva: "las bandas se han internacionalizado y nosotros vamos a responder con fuerza y con mano dura".
El problema de las bandas juveniles en América Central no es nuevo. En El Salvador las bandas se volvieron un problema a finales de los años ochenta; en Guatemala y Honduras, las bandas aparecieron en la primera mitad de los noventa. Desde entonces su número se ha multiplicado.
La mayoría de las explicaciones sobre el crecimiento de las bandas se centran en dos causas: las prolongadas guerras civiles que asolaron a América Central durante los años ochenta, y la política de deportación de Estados Unidos. Sin embargo, estas teorías no reflejan las realidades locales. Honduras, el país con el problema de bandas más serio, nunca experimentó una guerra civil. Nicaragua y México, países que reciben muchos deportados de Estados Unidos, nunca han tenido la cantidad de miembros de bandas que se ven en El Salvador y en Guatemala.
No se puede negar que las guerras civiles de la región y las deportaciones de Estados Unidos agravan la crisis de las bandas, pero las razones fundamentales por las que hombres y mujeres jóvenes se unen a las bandas radican en las condiciones sociales locales. Los miembros de las bandas provienen de familias violentas y disfuncionales, de la histórica y sistemática marginación socioeconómica de los pobres de la región y de la cultura de la agresión. Las bandas florecen por causa de instituciones débiles que no garantizan ni respetan los derechos fundamentales de los niños y de los jóvenes.
Es cierto que esas condiciones existen en toda América Latina, pero en otros lugares no tienen la misma fuerza. Ni siquiera en Nicaragua, la cual comparte muchas de las características de los otros países de la región, las bandas se han dedicado a asesinar, y aterrorizar a la población de la manera que lo hacen en Guatemala, Honduras, El Salvador y, ahora, en Chiapas, México.
Parte del problema recae en la manera en que los gobiernos de América Central abordan el fenómeno. Durante muchos años, las autoridades simplemente ignoraron el surgimiento de las bandas. Estaban más interesadas en el proceso de transición política y en la aplicación del "Consenso de Washington". Como resultado, desatendieron los problemas sociales y enfocaron sus energías a reformar sus sistemas políticos y económicos. Lejos de fortalecer las instituciones sociales, esta falta de atención las debilitó.
Protegidas por la indiferencia las bandas crecieron. Las autoridades percibieron el aumento del crimen como un costo natural de la guerra y muchos predijeron que a medida que los jóvenes miembros de las bandas maduraran, éstas desaparecerían. Ello no ha sucedido y las autoridades ahora reconocen que tienen un problema enorme en sus manos. Pero el aumento en las tasas de homicidios no fue lo que hizo que las autoridades prestaran atención al problema sino el reconocimiento de que la violencia afectaba la imagen de la región en el exterior y esto dificultaba atraer la inversión extranjera.
La respuesta de los países involucrados ha sido fragmentada y represiva. Se han creado programas con nombres como "Mano dura" en El Salvador, "Plan escoba" en Guatemala y "Plan libertad azul" en Honduras, para lidiar con el problema pero todos ellos ignoran la prevención, pasan por alto las causas sociales del fenómeno y se concentran en aplicar la fuerza.
En lugar de articular políticas que le devuelvan a la juventud de la región sus derechos fundamentales, los gobiernos de América Central se están preparando para iniciar una guerra contra las bandas en nombre de la seguridad nacional. Tales políticas producen beneficios políticos sustanciales: ayudan a ganar elecciones y atraen la admiración y los favores de la administración Bush. Autoridades estadounidenses del FBI y del Departamento de Seguridad Interna han visitado América Central para compartir sus experiencias en el combate contra las bandas.
Con todo, esta guerra contra las bandas, como la llamada guerra contra las drogas, está empeorando las cosas. Las bandas están ahora más organizadas en El Salvador porque las autoridades las colocan en prisiones separadas de acuerdo con su grupo específico. Esto les da la oportunidad de reclutar nuevos miembros de entre los presos, de elegir líderes nacionales, y de establecer líneas de autoridad y de toma de decisiones que son respetadas por todos.
En Honduras las bandas están más conectadas con el crimen organizado porque la política de limpiar las calles ha empujado a muchos miembros a unirse a traficantes de drogas por protección. Y ahora las bandas parece que han invadido el sur de México porque las políticas represivas de los países de América Central han hecho huir a los miembros hacia el norte.
La internacionalización del modelo de "mano dura" por toda la región incitará a las bandas a extenderse hacia Nicaragua y Costa Rica, países que hasta ahora han tenido éxito en la prevención de la violencia de las bandas. Si seguimos ignorando las condiciones sociales que las originan, su número crecerá. Pero las perspectivas de una política nueva e inteligente no son prometedoras. Al final de la cumbre de los presidentes de América Central, el mandatario de El Salvador, Antonio Saca, habló sobre un plan regional de prevención. Desafortunadamente nadie dio demasiada atención a esta idea.
Recientemente los presidentes de América Central se reunieron en Tegucigalpa, Honduras para idear una política común contra las incontrolables bandas callejeras de la región. El presidente hondureño Ricardo Maduro, electo tras una campaña basada en la "cero tolerancia", resumió la opinión colectiva: "las bandas se han internacionalizado y nosotros vamos a responder con fuerza y con mano dura".
El problema de las bandas juveniles en América Central no es nuevo. En El Salvador las bandas se volvieron un problema a finales de los años ochenta; en Guatemala y Honduras, las bandas aparecieron en la primera mitad de los noventa. Desde entonces su número se ha multiplicado.
La mayoría de las explicaciones sobre el crecimiento de las bandas se centran en dos causas: las prolongadas guerras civiles que asolaron a América Central durante los años ochenta, y la política de deportación de Estados Unidos. Sin embargo, estas teorías no reflejan las realidades locales. Honduras, el país con el problema de bandas más serio, nunca experimentó una guerra civil. Nicaragua y México, países que reciben muchos deportados de Estados Unidos, nunca han tenido la cantidad de miembros de bandas que se ven en El Salvador y en Guatemala.
No se puede negar que las guerras civiles de la región y las deportaciones de Estados Unidos agravan la crisis de las bandas, pero las razones fundamentales por las que hombres y mujeres jóvenes se unen a las bandas radican en las condiciones sociales locales. Los miembros de las bandas provienen de familias violentas y disfuncionales, de la histórica y sistemática marginación socioeconómica de los pobres de la región y de la cultura de la agresión. Las bandas florecen por causa de instituciones débiles que no garantizan ni respetan los derechos fundamentales de los niños y de los jóvenes.
Es cierto que esas condiciones existen en toda América Latina, pero en otros lugares no tienen la misma fuerza. Ni siquiera en Nicaragua, la cual comparte muchas de las características de los otros países de la región, las bandas se han dedicado a asesinar, y aterrorizar a la población de la manera que lo hacen en Guatemala, Honduras, El Salvador y, ahora, en Chiapas, México.
Parte del problema recae en la manera en que los gobiernos de América Central abordan el fenómeno. Durante muchos años, las autoridades simplemente ignoraron el surgimiento de las bandas. Estaban más interesadas en el proceso de transición política y en la aplicación del "Consenso de Washington". Como resultado, desatendieron los problemas sociales y enfocaron sus energías a reformar sus sistemas políticos y económicos. Lejos de fortalecer las instituciones sociales, esta falta de atención las debilitó.
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Protegidas por la indiferencia las bandas crecieron. Las autoridades percibieron el aumento del crimen como un costo natural de la guerra y muchos predijeron que a medida que los jóvenes miembros de las bandas maduraran, éstas desaparecerían. Ello no ha sucedido y las autoridades ahora reconocen que tienen un problema enorme en sus manos. Pero el aumento en las tasas de homicidios no fue lo que hizo que las autoridades prestaran atención al problema sino el reconocimiento de que la violencia afectaba la imagen de la región en el exterior y esto dificultaba atraer la inversión extranjera.
La respuesta de los países involucrados ha sido fragmentada y represiva. Se han creado programas con nombres como "Mano dura" en El Salvador, "Plan escoba" en Guatemala y "Plan libertad azul" en Honduras, para lidiar con el problema pero todos ellos ignoran la prevención, pasan por alto las causas sociales del fenómeno y se concentran en aplicar la fuerza.
En lugar de articular políticas que le devuelvan a la juventud de la región sus derechos fundamentales, los gobiernos de América Central se están preparando para iniciar una guerra contra las bandas en nombre de la seguridad nacional. Tales políticas producen beneficios políticos sustanciales: ayudan a ganar elecciones y atraen la admiración y los favores de la administración Bush. Autoridades estadounidenses del FBI y del Departamento de Seguridad Interna han visitado América Central para compartir sus experiencias en el combate contra las bandas.
Con todo, esta guerra contra las bandas, como la llamada guerra contra las drogas, está empeorando las cosas. Las bandas están ahora más organizadas en El Salvador porque las autoridades las colocan en prisiones separadas de acuerdo con su grupo específico. Esto les da la oportunidad de reclutar nuevos miembros de entre los presos, de elegir líderes nacionales, y de establecer líneas de autoridad y de toma de decisiones que son respetadas por todos.
En Honduras las bandas están más conectadas con el crimen organizado porque la política de limpiar las calles ha empujado a muchos miembros a unirse a traficantes de drogas por protección. Y ahora las bandas parece que han invadido el sur de México porque las políticas represivas de los países de América Central han hecho huir a los miembros hacia el norte.
La internacionalización del modelo de "mano dura" por toda la región incitará a las bandas a extenderse hacia Nicaragua y Costa Rica, países que hasta ahora han tenido éxito en la prevención de la violencia de las bandas. Si seguimos ignorando las condiciones sociales que las originan, su número crecerá. Pero las perspectivas de una política nueva e inteligente no son prometedoras. Al final de la cumbre de los presidentes de América Central, el mandatario de El Salvador, Antonio Saca, habló sobre un plan regional de prevención. Desafortunadamente nadie dio demasiada atención a esta idea.